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  • Las mujeres dedican el triple del tiempo que los hombres a las actividades de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados.

  • Costa Rica implementa políticas públicas que contribuyen a equiparar las cargas entre hombres y mujeres.

Durante el período que llevamos de pandemia por el COVID-19, aumentó la carga de trabajo doméstico y de cuidados que recae sobre las mujeres, también la exposición a situaciones de violencia doméstica; así lo expresó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en la inauguración del “Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2022”, el lunes anterior.

Los datos presentados por Bárcena se extraen del documento “Una década de acción para un cambio de época. Quinto informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe”, elaborado por la CEPAL.

En la región, las mujeres dedican el triple del tiempo que los hombres a las actividades de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, tal y como lo muestra el siguiente gráfico:

Ante esta realidad, la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL hizo un llamado de atención: “Necesitamos ir a una sociedad del cuidado, porque no es justo que sean las mujeres las que tengan que cuidar a los niños y las personas mayores, debe haber una distribución equitativa del trabajo”.

ODS 5 igualdad de género

El Objetivo 5 de la Agenda 2030 es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, para lo cual establece una serie de metas como poner fin a todas las formas de discriminación; eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas; eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina; reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados; asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva; emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos y mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular, la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres.

María del Pilar Garrido Gonzalo, ministra de Planificación Nacional y Política Económica y Coordinadora de la Secretaría Técnica de los ODS, manifestó que “La pandemia ha puesto aún más presión sobre el desequilibrio entre el trabajo no remunerado y su efecto en el ingreso y condiciones de bienestar en las mujeres. Coincidiendo con el preocupante panorama de la región, en Costa Rica, siete de cada diez personas que brindan cuidados en Costa Rica son mujeres; por ello, hemos incorporado al Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas la Política Nacional de Cuidados 2021-2031 con el objetivo de integrar, ampliar y coordinar la nueva oferta de servicios sociales brindada por instituciones públicas y privadas para  atender a las personas en situación de dependencia. Con ello, queremos brindar mejores condiciones a esas personas y otorgar mayores oportunidades para la conciliación de vida laboral y vida privada de las mujeres más vulnerables.”

Asimismo, Costa Rica ha avanzado en la implementación de otras políticas públicas que contribuyen a equiparar las cargas entre hombres y mujeres, como la Ley Marco de Empleo Público, firmada hoy, que incorpora un permiso remunerado de paternidad y amplía la licencia de maternidad en caso de partos múltiples o difíciles “(...)esas consideraciones en un día como hoy cobran mucho sentido, porque nos ayudan a las mujeres a conciliar mejor la vida laboral en el servicio público, con la vida personal”, manifestó la jerarca del Mideplan.

En el documento de la CEPAL también se citan otros efectos negativos de la pandemia, como el aumento de la pobreza y sobrerrepresentación de las mujeres en los hogares pobres; el aumento del porcentaje de mujeres desempleadas, el cual supera al de hombres; mujeres concentradas en el trabajo informal y en empresas pequeñas; la brecha de acceso a servicios financieros; la brecha digital de género y  la barrera para la digitalización; así como la concentración de las féminas en sectores con mayor riesgo de contracción y ocupadas en sectores de baja calificación.

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